Introducción: Un debate crónico

Desde que se aprobó el Código de la Familia en 1994, los intentos de llevar a personas menores de edad a la justicia penal ordinaria han sido recurrentes. Cada hecho de sangre destacado por la crónica roja ha venido acompañado desde entonces de declaraciones fáciles de políticos de los más variados signos, de campañas de radiocomentaristas y telecomentaristas, y, con alguna frecuencia, de proyectos de reforma legislativa que prometen "acabar" con el problema de la delincuencia.

Es tanto el material sobre las respuestas y actitudes sociales (mediáticas, políticas y corporativas) ante la llamada delincuencia juvenil que merecería un estudio aparte. Pero es de tan mala calidad su contenido, que solo la afición por la banalidad podría justificar el emprender una empresa investigativa sobre objeto tan deleznable.

Estudiemos mejor las conductas irresponsables de la población adulta, a través del concepto de responsabilidad penal de los adolescentes. En Panamá, ese estudio hay que organizarlo en torno a la aprobación, implementación y sucesivas reformas de la Ley 40 de 1999.

La Ley 40 de 1999, que estableció un régimen penal especial para la adolescencia, en consonancia con los parámetros normativos fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño, surgió luego que fracasaran varios proyectos que proponían rebajar la edad de imputabilidad criminal.

La Ley 40 estableció instituciones penales y procesales penales especiales para los adolescentes, bajo el concepto de una responsabilidad especial, basada en el concepto de culpabilidad, que sería comprobada por tribunales penales dentro de la jurisdicción de niñez, por medio de un proceso penal moderno afirmado en principios garantistas. Como edad mínima para proceder al juzgamiento penal, se fijó la edad de 14 años.

Son varias las disposiciones que enfatizan el principio de que la privación de libertad solo procede como medida de último recurso. La detención preventiva se hizo viable por un periodo de dos meses improrrogables y solo para una lista cerrada de delitos. De la misma forma, la pena máxima de prisión se limitó a 5 años.

Todos estos conceptos han estado bajo ataque desde que la Ley 40 fue aprobada. Tras una serie de propuestas fallidas de reforma del nuevo régimen, en el 2003 se elevó la pena máxima a 7 años -la propuesta original recomendaba 12. En el 2004 volvió a proponerse un nuevo aumento, ahora hasta 20 años. En el 2006 se presentó un proyecto para elevar el castigo a un máximo de 15 años y una nueva reforma legislativa, en mayo del 2007, estableció un nuevo límite en 12 años.

El período máximo de la detención provisional originalmente establecido en dos meses fue ampliado a 6 en la reforma legislativa del 2003, pese a que la pretensión original del proyecto era de un año. En el 2006, un proyecto planteó que la detención provisional fuera prorrogable indefinidamente y en el 2007 se volvió a proponer que fuese de un año prorrogable. Finalmente, se aprobó el aumento hasta nueve meses, sujeto a ciertas condiciones, y sin prórrogas.

La lista de delitos punibles con penas de prisión también ha ido en aumento. La lista original comprendía el homicidio doloso, el robo, la violación carnal, el secuestro, el tráfico de drogas y el terrorismo. En el 2003 se incorporaron a la lista los delitos de lesiones dolosas gravísimas -aquéllas que dejan una incapacidad permanente- y lesiones dolosas con resultado muerte -homicidio preterintencional.

En el 2004, una reforma legislativa sumó a la lista el pandillerismo, el tráfico ilícto de armas y la posesión ilícita de armas. La reforma del 2007 volvió a ampliar la "lista cerrada" para incluir la extorsión y la asociación ilícita para delinquir.

Todas estas reformas tienden a desdibujar el concepto originalmente propuesto por la Ley 40 de 1999. La idea motriz del cambio institucional aprobado en el cierre del siglo pasado descansaba sobre dos pilares fundamentales: eliminar la discrecionalidad en la privación de libertad de las personas menores de edad y reducir al máximo posible las formas legales de su institucionalización.

Bajo el empuje de consideraciones superficiales acerca de la seguridad pública, apoyadas siempre en campañas mediáticas, nunca en estudios, propulsadas siempre por miedos de varios linajes y un afinado sentido del oportunismo, en medio de un vergonzoso discurso populachero, la llamada voluntad política ha preferido hacer concesiones que menoscaban la finalidad protectora del régimen especial establecido por la Ley 40.

Lo más grave, sin embargo, es lo que no se puede ver con el solo estudio de las normas. 8 años después, es poco y muy reciente lo que hay actualmente en cuanto a oferta de programas para cumplir sanciones que no impliquen la privación de libertad en un centro. Como resultado lógico de la incapacidad del Estado de organizar este tipo de respuestas, cada vez es más extensa la duración de la prisión, aumenta el número de privados de libertad sin condena y comienza a producirse el hacinamiento, desorden y violencia en los centros de privación de libertad.

En diciembre de 2006 un chico fue asesinado en su celda por sicarios que irrumpieron en un centro que carecía de las más elementales normas de seguridad perimetral. En los centros más populosos de la ciudad capital, las fugas están a la orden del día, se han limitado las actividades de los internos, como los programas de escolarización, por ejemplo, y las horas de "patio" se han reducido a un mínimo inaceptable.

En estas fechas, la población de privados de libertad bajo la jurisdicción de niñez y adolescencia bordea la suma de los 300, cifra en ascenso que se acerca aceleradamente a la existente en momentos en que se aprobó la Ley 40. Así, la situación de la privación de libertad de los menores de edad comienza a parecerse mucho a la del sistema penitenciario, conocido por lucir el más grave registro de violaciones a los derechos humanos.

A continuación presento en dos partes una serie de artículos que publiqué en mi columna semanal en el diario El Panamá América, con el propósito de hacer un poco de pedagogía social sobre esta incomprendida cuestión.

Con la excepción del primer artículo, al que me referiré luego, la primera serie se escribió entre julio y diciembre del 2004 y se ordena conforme fueron escritos y publicados. La segunda se inicia con un artículo del mes de marzo del 2006, concebido como una reacción ante hechos nefastos, pero la mayoría de los artículos se elaboraron y publicaron entre agosto y octubre de ese año, como una respuesta ante una probable reforma cuyos contenidos no era difícil anticipar.

Aunque en el 2006 el proceso de reforma abortó por causas naturales, nuevos hechos criminales a principios del 2007 volvieron a impulsarla. El último de los ensayos de la segunda parte relata la última reforma de la Ley 40 y es un trabajo inédito, pues a principios del 2007 decidí discontinuar mi columna semanal en el Panamá América.

El primero de los artículos que se presenta abajo fue publicado en el semanario Tiempos del Mundo, en la sección "Pluma invitada", hacia mediados del año del 2002. La ocasión fue servida por la presentación de un proyecto de reforma de la Ley 40, que no era el primero, pero que, a diferencia de los que le antecedieron, se concentraba en los puntos neurálgicos del sistema de conceptos del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la adolescencia. La finalidad que se perseguía con ese proyecto, según denuncié en esa temprana fecha, era intensificar la privación de libertad como única medida de control formal de los adolescentes.

Aunque el proyecto original fue modificado en su totalidad tras el debate legislativo, las consecuencias prácticas de las modificaciones introducidas, en materia de derechos de los adolescentes ante la justicia penal, son preocupantes. Así lo observó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en un pronunciamiento de mayo del 2004, luego de darle audiencia a sus autoridades para la sustentación del informe oficial.

Panamá, diciembre de 2007

Un atropello contra los derechos de los adolescentes

El proyecto presentado por el legislador Marcos González para aumentar las penas contra los menores de edad se funda en sentimientos de venganza y creará las condiciones para una nueva crisis social en los próximos años.

Se propone bajar la edad de responsabilidad penal de 14 años, límite establecido por la ley 40 de 1999, a 12 años. ¿Cuál es el fundamento de semejante modificación? Ninguno. Los datos presentados por el legislador en la exposición de motivos son prácticamente los mismos que ha difundido el estudio realizado por UNICEF en los últimos meses y no hay allí ninguna información sobre los delitos imputados a la población menor de 14 años de edad.

Al consultar el Boletín anual del Órgano Judicial correspondiente al año 2001, se obtiene que no hubo ningún acto de homicidio en los que siquiera se sospechase la participación de un adolescente que no hubiese cumplido aún los 14 años de edad, y los 15 casos de robo reportados en todo el país que le fueron imputados a estos adolescentes, representan un 0.0029 % de todos los incidentes de ese tipo reportados a las autoridades el año pasado.

El proyecto aumenta la pena máxima de prisión de 5 a 12 años. Esto conlleva la conclusión necesaria de que la privación de libertad iniciada en los centros de resocialización de menores de edad es solo una breve estadía pues la mayor parte de la condena se surtirá en los centros penitenciarios junto a personas adultas.

De esta manera, se da al traste con el trabajo educativo que se realiza en las instituciones especiales, pues de todos es conocida la grave crisis de las cárceles, que no son más que escuelas del crimen. La supuesta creencia en la resocialización de los infractores, expresada en la exposición de motivos de dicho proyecto, es un gesto hipócrita, pues no tiene sustento en las modificaciones propuestas.

Un tercer aspecto, no menos clave, es el relativo al tratamiento de la detención preventiva. Lo que el proyecto propone es volver al internamiento como una medida eficaz de control social, pues elimina del texto de la ley toda alusión al carácter excepcional que debe tener la privación de libertad, ya sea en forma de sanción o de medida cautelar.

El proyecto amplía a año y medio el término máximo de la detención preventiva, lo que quiere decir que el Estado puede ordenar el encierro de personas desde los 12 años de edad y, un año y medio después, decirles que no hay pruebas en su contra (sobreseimiento) o que no se probó su responsabilidad (absolución).

Según un boletín de la Contraloría, en 1999 el 64.4 % de los sindicados recibieron sobreseimiento provisional o definitivo y el 5.2 % fueron absueltos. Como un 12 % se resolvió anticipadamente, solo 18 de cada cien sindicados recibieron una sentencia de condena.

Finalmente, el proyecto tiene el propósito de ampliar la población de menores de edad privados de libertad a niveles exorbitantes mediante institutos propios de la concepción tutelar que tanto daño causó a la niñez alrededor de todo el mundo, pero cuyos amanuenses siguen activos en la redacción cómplice de documentos de este tipo.

Además de aumentar las penas y los topes de la detención preventiva, el proyecto aumenta el número de delitos que admiten prisión y detención preventiva (pues a la lista cerrada que establece la ley 40 añade el delito de lesiones graves) y permite imponer prisión hasta de dos años a los sancionados por los otros delitos cuando incumplan las sanciones socioeducativas que se les impusieron.

Con los cambios propuestos, la población penal de los centros que administra el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, podría quintuplicarse en un breve plazo, sin que las autoridades correspondientes tengan la disponibilidad de recursos para hacer frente a la nueva sobrepoblación.

Esto generará hacinamiento, promiscuidad, violencia, muerte y destrucción en los actuales centros. Pero claro, esto no le preocupa a Marcos González, pues su preocupación son los transportistas y los familiares de los caídos, según dice.

La pregunta que queda en el aire es si la voluntad legislativa será secuestrada por los prejuicios de un grupo particular; si la Presidenta rubricará con su firma este atropello a los derechos de los adolescentes; y si la sociedad civil organizada está dispuesta a aceptar que la prioridad del Estado panameño está en invertir en cárceles para sus jóvenes y no en escuelas.

De convertirse en realidad este proyecto, los panameños de hoy nos convertiremos en la vergüenza de la próxima generación.
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Tiempos del Mundo, Lunes de 2002

Breve historia de la responsabilidad

En el principio Dios hizo a la mujer y al hombre responsables de sus actos. Como querían vivir en pareja se hicieron responsables el uno frente al otro. Cuando tuvieron hijas e hijos, se hicieron garantes del bienestar de sus crías y de su educación. Cuando los seres humanos forjaron una comunidad, los adultos se hicieron responsables de los asuntos comunes.

Como gozaban de la libertad para crecer y desarrollarse como seres humanos, también adquirieron la responsabilidad de velar por el crecimiento y desarrollo de sus hijas e hijos, y, desde que vivían en comunidad, esta responsabilidad se amplió a las hijas e hijos de sus vecinos.

Cuando unos hombres convencieron a los demás de la necesidad de crear el Estado, el pacto se logró porque, a cambio de lealtad y obediencia, el Estado prometió respeto a los derechos de todos por igual. Y las mujeres y los hombres convinieron en compartir la responsabilidad por el crecimiento y desarrollo de sus hijos, no sólo con los vecinos de su comunidad, sino también con El Estado.

La educación, la salud y la seguridad fueron las esferas de acción del Estado que más directamente impactaron el bienestar de la población más joven. Pero en algún momento los que detentaban el poder del Estado traicionaron la lealtad de las comunidades y, mientras ellos se enriquecían, las despojaron de sus recursos y éstas se empobrecieron.

Al despojo siguió el abandono, pero ya casi nadie se acuerda de los hechos que originaron la exclusión y la marginalidad en que vive gran parte de la población. Como explicación, los que detentan el poder del Estado, ya sea que tengan un cargo público o privado, han inventado una serie de prejuicios que son muy útiles para borrar los huellas de su irresponsabilidad: "Los pobres son pobres porque no trabajan, no se educan, y, además, porque tienen muchos hijos". Así, se hizo a los pobres responsables de su propia pobreza.

Mientras tanto, las familias de los pobres se desmoronan ante un abismo de carencias. En el campo, los pobres no son pobres porque tengan pocos recursos, lo que ocurre es que no pueden generar ingresos porque tienen que dedicar demasiado tiempo y esfuerzo a suplir la ausencia de agua potable, energía, una vivienda adecuada y segura, y caminos que faciliten el transporte de sus productos.

Sus vidas son más cortas porque las prestaciones médicas son escasas y sus oportunidades limitadas porque son pocas las puertas que se abren con una educación a medias. En la ciudad el panorama es distinto, pero no es mejor. Ante el desempleo, mujeres y hombres recurren a la posibilidad de un dinero fácil que solo el vicio y la criminalidad proporcionan.

Sus niños no encuentran paz en el hogar, y la distancia que tienen que recorrer diariamente hasta llegar a la escuela, y regresar, está llena de acechanzas que pueden robarles la inocencia o menoscabar su dignidad en cualquier instante. Las comunidades marginales -esos barrios urbanos o semi-urbanos donde habitan los pobres- no son inseguras porque son pobres; son pobres porque son inseguras. Al ser olvidadas por el Estado, los detritus de la sociedad se refugian en ellas, y hacen presa fácil del crimen a una población que tiene pocos recursos para defenderse de una amenaza que largamente los supera.

Más de la mitad de lo pobres en el país son niños, pero lo más grave es que más de la mitad de los niños de este país es pobre. Los niños que son ignorados por sus padres, abandonados por su comunidad y olvidados por el Estado, son víctimas fáciles del delito, que toma primero la forma del abuso. Las sedes más frecuentes del maltrato y la agresión contra los niños son los hogares y las escuelas. Los victimarios son sus padres, familiares, o los adultos "responsables de su cuidado".

¿Qué significa crecer con el dolor cotidiano de la ignominia y la violencia sobre la espalda? ¿Qué significa crecer sin conocer gente buena a la que admirar e imitar? ¿Qué significa hacer el tránsito a la adolescencia en las garras del crimen? La criminalidad es muchas veces parte de una red de sobrevivencia que se desarrolla como parte del proceso de socialización de los individuos cuando la cadena de responsabilidades, familia-comunidad-Estado, se ha hecho pedazos.

Pero no hay nadie que sea responsable de que el crimen se apodere de nuestros chicos. En un país de tres millones de habitantes hay 50 mil niños, entre los 5 y los 14 años de edad, que "trabajan" de modo ilegal en detrimento de su educación. El trabajo es ilegal porque la población adulta ha acordado, mediante una prohibición constitucional, que está prohibido que los niños de menos de 14 trabajen. Pero el mandato de la Constitución no se respeta, y no hay nadie preso, ni bajo investigación penal, por violarlo, presumiblemente porque nadie es responsable por esta situación.

Los adultos también acordamos, hace ya casi tres lustros, que daríamos prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia. Nueve años después cumplimos parcialmene con nuestra responsabilidad y adoptamos una ley especial para exigirle responabilidad penal a los adolescentes por los delitos que cometan desde los 14 años, y creamos autoridades y procedimientos especiales, que tardamos cuatro años más en poner en funcionamiento.

Hace menos de un año empezaron a funcionar estas autoridades, pero ahora nos planteamos que los menores de edad son responsables de la misma manera como son los adultos y debemos, por tanto, aplicarles las mismas penas, en un inesperado giro de una pretendida lucha contra el crimen. ¿Es la lucha contra los criminales lo mismo que la lucha contra el crimen?

Quizás debiéramos pensar en cómo restaurar la cadena de responsabilidad familia-comunidad-Estado si queremos verdaderamente sanear nuestra sociedad. En fin, de lo que se trata es de que las mujeres y los hombres que intervienen en distintas instancias de la toma de las decisiones importantes en este país asuman de modo íntegro su responsabilidad.
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El Panamá América, Martes 20 de julio de 2004

La prisión de los menores de edad

La prisión es anterior al derecho penal del Estado democrático. Lo que hizo este último fue regular su uso. En un Estado de Derecho, la consecuencia práctica del desarrollo de un derecho penal democrático plasmado en instituciones y procedimientos, radica en que las autoridades se encuentran limitadas por la Constitución y la Ley para hacer uso de este instrumento de control y represión.

Por eso, ha dicho el jurista alemán Otfried Höffe (Derecho Intercultural. Barcelona, 2000) que "el derecho penal no es ni la expresión de una atávica exigencia de penas y, mucho menos, de un instinto de venganza, ni tampoco de un medio represivo sacado de una cámara de torturas del Estado."

Los menores de edad, a diferencia de los adultos, permanecieron en la sombra del derecho penal moderno hasta hace muy pocos años. La razón de ser de este retraso es compleja, pero una de sus manifestaciones características es el uso indicriminado de centros de privación de libertad para atender a la población de niños y adolescentes que carecían de un soporte familiar adecuado, ya sea porque sus padres los habían abandonado o los maltrataban, porque incurrían en conductas delictivas leves o de un alto grado de violencia.

La Constitución actual establece que los menores de edad no deben ser recluidos en los centros penitenciarios, sino que están amparados por un régimen especial de custodia, protección y educación. Ese régimen especial tiene un contenido específico desarrollado por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 15 de 1990, y por la Ley 40 de 1999.

La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es antes que todo un avance mundial de la civilización. Ratificada por 192 Estados, expresa el consenso de la comunidad internacional sobre la necesidad de proteger a las personas que aún no han alcanzado los 18 años de edad a través del reconocimiento de sus derechos como personas.

La protección, desde el punto de vista de la Convención, no se refiere a un ámbito particular de las necesidades de la niñez y la adolescencia. La protección que desarrolla la Convención es de carácter integral y se refiere tanto a la niñez pobre, como a la que no lo es; es aplicable tanto a la que estudia en escuelas públicas como a la que asiste a colegios particulares; y ampara tanto a los niños que se portan bien, como a los que, por las razones que sea, no lo hacen.

Sí, el derecho es así; no se hizo para los buenos, se hizo para todos. Y de la misma manera que es probable que sean las personas que han cometido un delito las que con mayor frecuencia recurran a las garantías penales y procesales consagradas en la Constitución, en el Código Penal y en otras leyes, es probable que las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño que se refieren a los menores de edad acusados de cometer algún ilícito, como a los encontrados responsables de su comisión, sean principalmente para el beneficio de aquellos que con su comportamiento violento han causado daño a otros miembros de la sociedad y reciben, lógicamente, un rechazo social.

La Convención establece claro que la privación de libertad (detención o encarcelamiento) de personas menores de edad en un centro sólo es compatible con la protección integral cuando se aplica de acuerdo con los criterios establecidos en la Constitución y en las leyes, y se la utiliza como una "medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda".

En Panamá, el artículo 131 del Código Penal, establece el delito de homicidio y reza así: "El que cause la muerte de otro, será sancionado con prisión de 5 a 12 años". Ya que las panameñas y los panameños hemos decidido que ése sea el parámetro para sancionar el homicidio cuando sus actores son mayores de edad, lo que se establezca para los menores de edad tiene que guardar relación con ese mismo parámetro.

En 1999 se reinstauró la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años, mediante un proceso penal especial y en consonancia con la Convención, y en septiembre del año pasado se instalaron tribunales penales especialmente dedicados a procesar a los adolescentes investigados por delitos. Los cinco años de prisión, originalmente establecidos como pena máxima por la Ley 40 de 1999, guardan relación con los parámetros establecidos en el Código Penal, y cumplen con los compromisos adquiridos por el Estado panameño al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño mediante Ley 15 de 1990.

La pena máxima por el delito de homicidio fue ampliada a siete años por la Ley 46 de 2003 hace exactamente un año. A principios del mes pasado, el Comité de los Derechos del Niño, organismo de Naciones Unidas creado para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la Convención, manifestó su preocupación por el aumento sobre la base de que no existían evidencias que comprobaran la afirmación de que la mayoría de los crímenes era cometida por menores de edad y que al extender el período de encierro, se ponía en peligro la finalidad resocializadora que anima a la sanción.

El proyecto presentado por el Ejecutivo, por el cual se propone el juzgamiento de los adolescentes con penas de prisión hasta de 20 años, constituye la propuesta más retrógada que jamás haya hecho un gobierno panameño y, como ha quedado demostrado en la sesiones de la Comisión legislativa, goza del rechazo de la sociedad civil organizada. No sólo es violatorio de las garantías constitucionales de los adolescentes, también se aparta del rumbo democrático del Estado panameño.

Si se aprobara, Panamá se apartaría del concierto de las naciones y se colocaría en la fría soledad de Corea del Norte, único país que ha abrogado la Convención sobre los Derechos del Niño.
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El Panamá América, Martes 27 de julio de 2004

Dos discursos de "Mano dura"

El 6 de julio pasado, en un discurso transmitido por cadena nacional a todo el país, la Presidenta se refirió a "los niveles de atrocidad y violencia" que había cobrado la delincuencia en Panamá como algo "nunca antes visto" en este país. Se refirió entonces a una serie de hechos delictivos que habían ocurrido "en las últimas semanas" y "en las últimas horas".

Este es el fundamento de los cuatro proyectos de leyes con que su gobierno se plantea "combatir efectivamente la delincuencia". Luego de enunciar someramente qué cambios serían introducidos mediante estas leyes, la máxima dignataria explicó: "Mientras tanto, y en forma inmediata, estamos poniendo en marcha el plan "Mano Dura", para que la policía entre con fuerza en aquellos lugares donde hay mayores índices delincuenciales y presencia criminal".

No es injusto decir entonces, en virtud de lo dicho (y lo hecho), que la "mano dura" de Moscoso se refiere a la fuerza con que las acciones policiales irrumpirán en los barrios pobres. Su propósito es "liberar" a la "población honesta" de los "pandilleros y delincuentes".

El año pasado quien habló de "mano dura" fue Martín Torrijos. El planteamiento surgió en el discurso que pronunció el 14 de octubre en el diálogo sobre la seguridad en Panamá. Debemos recordar que en ese momento, la campaña electoral estaba virtualmente en marcha y que es lógico que el líder de la oposición hubiese cuestionado las acciones del gobierno en materia de seguridad.

Lo más interesante de la intervención de Torrijos no está en su crítica de la gestión arnulfista, sino en el planteamiento subyacente y en la contrapropuesta que formula. Luego de advertir, de modo preambular, que "en esta materia no puede haber improvisación", Torrijos describe una situación de inseguridad generalizada: "La delincuencia se ha tomado las calles y las bandas organizadas se adueñan de edificios y barriadas". Cuando analiza las tendencias de la actividad delictiva, lo hace a partir de 1990, y se refiere al aumento de distintas conductas delictivas el narcotráfico, el homicidio, las lesiones, los asaltos sexuales, el robo a mano armada, y resalta la utilización de armas de fuego.

Tras mencionar la utilización ineficiente de los recursos del Estado por parte del actual gobierno (ahora se gastan $70 millones más que en la época de Noriega), Torrijos eleva el tono y anuncia: "¡En mi gobierno habrá mano dura contra el crimen!". Es la única vez que menciona la frase y lo hace al denunciar el abandono de los deberes públicos por parte de los actuales gobernantes y la falta de cumplimiento de los compromisos adoptados en forma de políticas de Estado o leyes.

A continuación, el hoy Presidente electo, entonces candidato en campaña, explica que su propuesta consiste en el diseño y ejecución de una Política de Seguridad Democrática, que consiste en "garantizar la seguridad de todos los habitantes del país; promover la interacción entre la comunidad y los organismos de seguridad del Estado; asegurar un clima de paz, dignidad y libertad para todos los panameños".

La "mano dura" propuesta por Torrijos consiste en una respuesta del Estado que se caracteriza por lo integral, pues la desarrolla en seis ejes que comienzan con el apoyo a las familias, el esfuerzo de las escuelas en retener y recuperar a los chicos y chicas, pasa por el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y el sistema penitenciario, y concluye con la participación de distintos actores sociales (organizaciones de derechos humanos, los medios, las iglesias) en programas preventivos. Al concluir, Torrijos reconoce que se trata de un reto para todos y se compromete a liderar estas acciones.

Ese discurso, de lectura recomendable y disponible en la página web de Martín Torrijos, llama la atención porque es lo más parecido que puede haber a un planteamiento de Estado. No hay el sensacionalismo casi obligado que adoptan los pronunciamientos de los candidatos en campaña. No hay fundamentos anecdóticos, ni manipulación de los miedos que usualmente tienen las personas cuando se les toca el tema de la seguridad.

Cualquier analista habría dicho que Torrijos arriesgó aburrir al auditorio a fuerza de ser responsable con lo que un futuro mandatario puede legítimamente prometer. Dicho en menos palabras: Torrijos no se apoyó en el miedo para buscar el beneficio de sus votos.

Al día siguiente de aquel pronunciamiento algún medio sí recogió en el titular la frase "mano dura contra el crimen" pegada al nombre de Torrijos, pero lo que más interés despertó no fue este planteamiento, sino su polémica confesión de que "la Ley debería permitir que el Presidente pueda optar por un civil o un miembro de la carrera policial para ser designados en las jefaturas de dichas instituciones".

Al final de su intervención, Torrijos hace un planteamiento sobre los cambios constitucionales, que también pasó prácticamente desapercibido, pues la intensidad de la discusión sobre el carácter de la jefatura de la policía oscureció todo lo demás.

Cuando, la semana pasada, al regresar de un viaje por el extranjero, Torrijos hizo declaraciones públicas, mostró una cautelosa distancia respecto el plan "Mano Dura" de Moscoso y reiteró sucintamente sus planteamientos del año pasado. Este escrito no estaría justificado si no hubiera un problema que resolver: que mucha gente que dice que apoya a Torrijos se ha entusiasmado con la mano dura arnulfista, olvidándose que el planteamiento de su líder es muy distinto al de la mandataria actual.

¿Qué prevalecerá: el planteamiento responsable de quien hoy es el presidente electo o el desatino de arnulfistas y perredistas que piensan que la clave del éxito en la lucha contra el crimen radica en la cantidad de fuerza que despliegue la policía?

En los próximos días veremos cómo resuelve la Asamblea Legislativa esta prueba de liderazgo, que es al mismo tiempo una prueba de lealtad.
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El Panamá América Martes 3 de agosto de 2004

Carta a un adolescente

Discúlpame por dirigirme a ti de una manera en que no te será fácil responder. Te pido disculpas porque espero que me escuches, sin que tengas las mismas ventajas de ser escuchado. Como, de partida, ésta ya es una relación desigual; la voluntad que me anima es que tú puedas crecer y desarrollarte al máximo de tus posibilidades, lo que a su vez genera responsabilidades, antes de que cumplas los 18, y de las que a veces no eres plenamente consciente.

Eres responsable porque sabes bastante bien lo que haces; pero no pienso que tú y yo seamos igualmente responsables. Mis cargas son distintas de las tuyas, y de mayor número e intensidad. Después de todo, por algo tengo más derechos que tú, pues hay un montón de cosas que ni la ley, ni eso que se llaman las buenas costumbres, te permiten hacer.

Te escribo porque he quedado preocupado después de todo lo que se ha dicho sobre los adolescentes últimamente. Lo sé, es injusto. ¡Tanta gente se ha esforzado en hacerlos ver como una horda que azota a la ciudad! La realidad es que la única horda que hay causando daño es la de los mayores de edad, que además te maltratan, te humillan y te utilizan de formas tan violentas que no quisiera nombrar ni que intentes imaginar.

Sé que tu realidad está marcada por la falta de oportunidades, que no has completado la escuela porque tienes que trabajar para llevar algo a casa donde te esperan tu madre y tus hermanos, porque a tu padre probablemente no lo has visto desde hace tiempo. El problema está en que algunos ambientes de trabajo son riesgosos, te expones mucho y podrías encontrarte con gente que puede hacerte daño sin que te des cuenta. Aprende a alejarte de ciertos lugares y personas.

Te pido que no tomes como cierto todo lo que se ha dicho en la Asamblea Legislativa cuando se discutía el aumento de las penas contra los menores de edad. Hay gente que cree que al aumentar las penas bajan los delitos, como si fuera una relación mecánica. Esto no funciona así. Es la certeza de que el delito será seguido por el castigo, lo que puede actuar como disuasivo. También han dicho que las leyes vigentes consagran la impunidad de los menores de edad. Esto quiere decir que si cometes un delito no serás castigado. Pues no es cierto. Las leyes vigentes te tratarán con dureza si cometes algún acto criminal.

Desde el momento en que cumples los 14 años, las leyes autorizan a los jueces a enviarte a prisión si matas, o te involucras en el tráfico de drogas, si robas, si violas, si hieres a alguien de modo que su incapacidad sea permanente, o si dicha persona muere producto de la lesión que le has causado. Te podrían sentenciar hasta por siete años en una prisión, que los adultos llamamos "centro" para que no nos lastime la idea de encerrarte.

No te llames a engaño, no es un hotel, es una prisión. Tienes que cumplir allí un régimen forzoso día a día. No podrás ver a tu novia (que se irá con otro), ni salir con tus amigos; no podrás hacer las cosas que tanto disfrutas, y cuando la gente a la que tú quieres y que te quiere te necesite, no podrás estar allí para ayudarlos.

Cuando tus familiares te visiten en el centro, estarán haciendo el máximo esfuerzo para que el dolor de verte allí no se les note. Pagarás una pena con dolor. ¿Te parece muy duro? La verdad es que lo es, pues en la mayoría de los casos no hay grandes diferencias entre las penas que reciben adultos y adolescentes.

Ya sé que te estarás preguntando cómo puedo estar de acuerdo con que te encierren en una prisión hasta por siete años después de haberte dicho que quiero que crezcas y te desarrolles al máximo de tus posibilidades. He dicho que te van a encerrar y que no tendrás la libertad de hacer lo que quieras. No he dicho que te van a maltratar. Al contrario, tu día estará organizado, desde muy temprano, para que puedas seguir estudiando, aprendas un oficio, dediques algún tiempo a la lectura, te acerques a Dios, y hasta practiques algún deporte.

¿Sabes por qué me opongo al aumento de las penas? Porque con penas largas terminarías en una cárcel con adultos que abusarán de ti y te enseñarán a ser cruel y despiadado, y se reducirían mucho las posibilidades de recuperarte. La idea del régimen actual no es hacerte un daño irreparable, sino darte una segunda oportunidad, porque entre los muchos derechos que tienes, está el derecho a que corrijas tu conducta.

Si algún día te encuentras en la trágica situación de perder tu libertad como resultado de haber cometido un delito, piensa que lo justo es que haya una consecuencia negativa para ti por el daño que has causado. Sé que siete años cuando se es adolescente son una eternidad, pero haz buen uso de la oportunidad que te aún tienes un mundo por delante. Son muchos lo que han reencontrado el buen camino; tú puedes lograrlo también.

Quizás piensas que, como no has cometido ningún delito, estoy malgastando mi tiempo. Pues bien, las leyes se hicieron para todos, para los buenos y para los que no lo son tanto. No todas las personas que van a un tribunal han cometido un delito, pero todas deben saber qué ocurre allí y es hora de que tú también lo sepas.

¿Qué por qué no le cuento todo esto a los políticos? Algunos escuchan, otros no mucho. Otro día te hablaré sobre las razones que motivan a algunos a engañarse y engañar, pero que eso no te inquiete por ahora.
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El Panamá América, Martes 10 de agosto de 2004

Precrimen y minoridad

Una fantasía, de esas a que nos tiene acostumbrado el cine de Hollywood, nos mostró hace dos años que la mejor manera de luchar contra el crimen es impedir que suceda.

En la Washington, DC, del celuloide han logrado reducir el número de homicidios a cero, gracias a una compleja teoría que llaman "precrimen" y que consiste en que una unidad especial de policía se aparece en la escena del delito antes de que este ocurra, guiados por las premoniciones de uno individuos llamados "precogs" y que un equipo de alta tecnología permite visualizar y constituir como pruebas contra los que serían los perpetradores. Que el delito no se haya cometido no es óbice para que el Estado, según el guión cinematográfico, aplique el más severo de los castigos a los criminales que no tuvieron el tiempo suficiente para serlo.

Nadie que vio Minority report (el nombre en inglés se mantuvo en el mundo hispanohablante) pudo imaginar que el actual gobierno trataría de llevar el relato de Philip K. Dick a la realidad. No tienen a los "precogs" (al menos no que se sepa), ni hay nada que se parezca a la tecnología de visualización en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero eso no importa, la filosofía es la misma y la cantidad de incautos que ha sucumbido ante la idea parece ser mayor en su versión arnulfista, pues los que vieron la película de Spielberg sabían que se trataba sólo de eso, de una ficción.

La campaña del precrimen, liderada por la propia Presidenta, ha ganado muchos adeptos fuera de su partido (ya no queda mucha gente dentro), pues su pretensión de reducir la criminalidad a cero ha despertado simpatías entre políticos y legisladores (porque los hay de ambas bancadas, y de este y el próximo período).

Hay radiocomentaristas y periodistas de todos los medios que sienten entusiasmo ante iniciativas tan innovadoras. Y no fallaremos en encontrar hasta distinguidos editorialistas, cuyas convicciones morales los exoneran de argumentar racionalmente.

Es mejor actuar contra los criminales antes de que vayan a cometer un crimen, esa es la consigna. Igual que en la película, hay gente que dice: ¡It works! (¡Sí funciona!).

Así se explica que el Consejo de Gabinete haya vuelto a aprobar y re-enviar a la Asamblea el proyecto de ley que aumenta las penas contra los menores de edad hasta por 20 años y que fue rechazado hace escasas dos semanas por el Pleno Legislativo. La insistencia es en sí un hecho insólito.

El proyecto fue ampliamente consultado en la Comisión legislativa y la mayoría de sus legisladores, incluyendo los afines al gobierno, tuvieron que admitir que no habían razones de peso para aprobar la propuesta, pues el 90% del crimen proviene de personas con cédula, por más que tengan cara de muchachos y les llamemos delincuentes juveniles.

En la comisión legislativa se introdujeron modificaciones al proyecto del Ejecutivo y se redujo la pena máxima de 20 a 10 años. Curiosamente, la mayoría de los legisladores que votó a favor de este proyecto en el primer debate explicó su voto diciendo que no creía que un aumento de penas era la solución.

Un largo segundo debate, que duró más de una semana, hizo patente que el Pleno legislativo tampoco favorecería el proyecto, pues la bancada oficialista se encuentra prácticamente desarticulada a esta alturas del Mireyato.

En el contexto actual, la insistencia del Ejecutivo en que la Asamblea apruebe el mismo proyecto ya rechazado no es más que el desafío que lanza un contrincante perdidoso después de la derrota electoral, pero que piensa que el "gesto de bravura" le hará verse bien ante el público en los minutos finales que preceden a la caída del telón. Con estas motivaciones, el hemiciclo legislativo puede ser la sede de cualquier cosa, incluso la adaptación de una película de Spielberg, menos una discusión seria y fundamentada de una política criminal.

Uno les explica a los legisladores que la inmensa mayoría de los que cometen los delitos ya han cumplido 18 años de edad y que el Código Penal no ha sido un disuasivo eficaz. Pero ellos razonan que estos delincuentes juveniles pasaron en su mayoría por los centros de menores y que han vuelto a delinquir porque los jueces los soltaron muy rápido. Todo mejoraría si aumentáramos las penas, ya que la mayoría de los que van a cometer delitos en el futuro próximo son hoy menores de edad.

Si actuamos con determinación contra ellos ahora para ponerlos fuera de circulación por el mayor tiempo posible, reduciremos la cantidad de crímenes en el futuro. Es la mejor forma de luchar contra los delincuentes. No se trata ya de una pena retributiva, se trata de una medida preventiva, pues al estar el menor de edad guardado por largo tiempo en la cárcel, "ya sabemos que ése no volverá a delinquir", fue la sustentación que esgrimió uno de los legisladores más fanáticos del precrimen durante el segundo debate del fracasado proyecto.

¿Democracia? Nada que ver, esto es un problema de seguridad, dicen. ¿Derechos humanos? No señor, aquí lo que importa son los derechos humanos de las víctimas.

El hecho de que a la clase media, política, profesional, intelectual, le cueste tanto asociar la lucha contra el crimen con las tareas pendientes de la democracia obedece a la profunda desigualdad que caracteriza a la población de este país. Aquí se necesita un gobierno que esté decidido a orientar a su pueblo, a hacer que la gente crezca en convicciones democráticas, no a aprovecharse de su ignorancia para venderle soluciones fáciles y perfectamente inútiles.

Un político que se sirve de los miedos del pueblo para levantar una campaña de popularidad es un ser detestable, y los medios que actúan como caja de resonancia en esta torcida empresa cometen un acto irresponsable.
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El Panamá América, Martes 17 de agosto de 2004

De estar en peligro a ser un peligro

Es la delincuencia una consecuencia de la pobreza? Si así fuera, ¿cómo podríamos explicar el hecho cierto de que no todos los adolescentes que viven en una situación de pobreza participan del mundo de la violencia y el pandillerismo? Nadie ha dicho que la pobreza "cause" la delincuencia (decirlo es injusto con la población pobre porque ésta, en su mayoría, no es delincuente, y también lo es con los no pobres que sí lo son).

No existe una sola causa que determine a los individuos a cometer un delito, que es siempre un acto individual y un hecho social al mismo tiempo. Antes que de causas, es más apropiado hablar de factores condicionantes y factores desencadenantes. Los primeros pueden ser externos, si se refieren al entorno social; o internos, si tratan de la personalidad del sujeto que delinque.

Para ilustrar el poder que pueden tener los factores condicionantes, tomemos el ejemplo de las armas de fuego: si una población determinada de repente se encuentra con una gran cantidad de armas a su alcance, habrá una gran cantidad de delitos que se cometerán con armas de fuego, particularmente robos y homicidios. Si entonces las autoridades recogen esas armas y las retiran del alcance de la gente, disminuirán las conductas de robo y homicidio porque se reducirán las que solían cometerse con ayuda de las armas de fuego.

En resumidas cuentas, el hecho de que haya armas de fuego al alcance de la población, condiciona la conducta de la gente. Eso no quiere decir que todo individuo que posea un arma de fuego va a cometer un delito; lo que quiere decir es que en una sociedad el riesgo de que se cometa un delito está en relación proporcional a la disponibilidad de los medios para hacerlo. Pero, ¡cuidado! No es cierto que los pobres sean más delincuentes que la clase media o la clase alta. Lo que ocurre es que las conductas de los distintos grupos son distintas.

El Código Penal tiene un amplio repertorio de conductas ilícitas, algunas de las cuales son mayormente cometidas por unos grupos que otros. También hay delitos de cuello blanco, de empresarios, de altos funcionarios y políticos. Que no haya equidad en la manera como se sancionan las distintas conductas, es un problema que atañe a la Ley; que los pobres estén en menor capacidad de defenderse en los juicios, es un resultado de la administración de los recursos públicos. Lo primero lo llamamos política criminal; lo segundo, acceso a la justicia. Si vemos un poco más allá de las abstracciones de la ley, veremos que, en efecto, hay algunos delitos que suponen un status socioeconómico.

Supongamos que, debido a un súbito incremento en el número de hurtos reportados, el Estado decide aumentar las penas correspondientes a las modalidades de este delito. En principio, se estaría castigando más a los pobres, no porque la mayoría de éstos cometa hurtos, sino porque la mayoría de los hurtos son cometidos por gente pobre.

De igual manera, si un buen día la Asamblea decide castigar con penas severas a los que hacen regatas de modo ilícito, y considerar un agravante que el delito se haya cometido con un carro deportivo o con el motor modificado, entonces, esa ley castigaría especialmente a los individuos de clase media y media alta. Eso no quiere decir que todas las personas de clase media y media alta conduzcan carros deportivos y que anden haciendo regatas ilícitas por todas partes. Eso quiere decir que es altamente probable que una persona que utiliza esos carros en esas actividades sea de clase media o media alta.

Los barrios pobres son pobres, entre otras cosas, porque no tienen una seguridad adecuada. Esto, generalmente, ocurre porque el Estado no ha cumplido con una de sus obligaciones fundamentales: la de proveer seguridad. Hay un círculo vicioso de pobreza e inseguridad: la inseguridad trae pobreza y la pobreza trae inseguridad. Dentro de esta situación, se desarrollan las pandillas, cuyas primeras víctimas son los vecinos; es decir, la gente pobre, particularmente sus niñas, niños y adolescentes. Esto se pierde de vista a menudo porque a los medios les interesa primero los hechos más graves y dramáticos, y las autoridades están acostumbradas a reaccionar ante la opinión pública.

Si uno dice: "En esta comunidad hay un problema porque hay un grupito de chicos que humilla a los demás"; esto a nadie le importa, pero cuando del grupo de niños humillados y abusados sale uno que se une al grupo del vicio, la pandilla, cuyo cabecilla es, por lo general, mayor de 18 años y dicho menor de edad es utilizado por los otros para cometer un asesinato, entonces se sataniza al chico, y las autoridades y medios comienzan a cubrir las huellas de su irresponsabilidad trasladando el problema a las leyes, "porque son blandas", o a los jueces, "porque no imponen sanciones severas".

Pero cuando ese chico menor de edad era una víctima y estaba en camino al delito, a nadie le importó con él y no recibió ninguna ayuda. Javier Urra Portillo, el primer defensor del menor de España, ha denunciado la culpa de las instituciones "que no intervienen cuando el niño está en peligro, sino cuando es un peligro".

Son muchas más las víctimas que a diario dejan las pandillas entre la población adolescente que la que se conjetura o conoce. No hay razón para que las autoridades no intervengan a tiempo. No hay por qué esperar a que se cometa un homicidio. La dignidad y la autoestima de los niños y adolescentes -no sólo la de nuestros hijos, sino la de los hijos de todos- también es un bien valioso que la sociedad y el Estado deben proteger, pues es nuestro mejor seguro contra el delito.
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El Panamá América, Martes 24 de agosto de 2004

Las pandillas de la psicología

EL IV CONGRESO Internacional de Psicología fue todo un éxito gracias a la tesonera labor de su Comité Organizador y de Carlos Riesen, cuyo nombre ha estado ligado en el pasado reciente a las actividades de la Fundación Pride, y que actualmente preside la Asociación Panameña de Psicología. Un elenco variado de profesionales nacionales y extranjeros se dio cita del 17 al 19 de noviembre con el objeto de discutir los aspectos psicosociales de la violencia, las "bandas" juveniles y su impacto en la sociedad.

Tuve la oportunidad de escuchar a Richard Herrera, un joven detective de la PTJ, que presentó un trabajo interesante sobre la historia de las pandillas en Panamá, que estimo se encuentra en una etapa inicial y que culminará en una investigación valiosa cuando la actitud metódica del pesquisidor venza la tentación por la prédica moralista. Se ganará mucho cuando se entienda cómo surgieron las pandillas que hoy tenemos, cuáles son sus actividades, cómo se las investiga y con qué obstáculos se encuentran los agentes de la ley para llevar a sus miembros ante los tribunales de justicia, pues generalmente son mayores de edad. Herrera aportó un prometedor comienzo en este tipo de análisis.

También escuché a Alfredo Arango, que hizo una exploración de la incidencia del reggae en la formación de estos grupos. En una brillante intervención el reputado psicólogo ilustró a la audiencia sobre los distintos tipos de reggae, o "rap", su evolución en los últimos años y sus principales expositores. La conclusión es que hay un tipo de reggae que aborda las condiciones de vida en los barrios y toca necesariamente temas relativos a la violencia en la que viven los jóvenes.

Lamentablemente, en algunos casos la narración descarnada se transmuta en apología peligrosa. La intervención de Arango fue un recordatorio muy ilustrativo de que la violencia y el dolor se unen de formas inextricables y de que la vida de los pandilleros, cuyos atisbos nos obsequia el reggae, es un mundo extraordinariamente complejo.

No alcancé a escuchar a Gilberto Toro ni a Marilyn Montanari, de los que siempre aprendo alguna cosa. Tampoco presencié la intervención de Geraldine Emiliani, que habló sobre pornografía (o más bien contra ella), ni la de Glenroy James Grant, que es uno de los profesionales que ha trabajado con los pandilleros en Colón y que puede dar testimonio de primera mano sobre los frutos de los programas de resocialización bien llevados.

Probablemente, hubo otra docena y media de momentos estelares en el Congreso, a los que no pude asistir. Pero no puedo dejar de comentar lo que consideró fue lo mejor y lo peor del evento.

En un panel de periodistas, hubo una intervención que consistió en un seudorrelato de una visita a un cuartel de las maras en San Pedro Sula. Las entrevistas a un par de sujetos con pasamontañas privilegiaron los elementos frívolos y anecdóticos, lo cual hizo patente la incapacidad de manejar información de modo profesional.

Conocidos vicios del periodismo se hicieron presente: la falta de contexto, la supremacía de la grabadora, el gusto por el simplismo y la ausencia total de otras referencias que enriquezcan las declaraciones reproducidas. Pero lo que me sorprendió, en realidad, fue la falta de luces en el plano de la ética periodística, pues la reportera en cuestión caracterizó de forma positiva al sanguinario jefe de la mara hondureña.

Convencida de que la raíz del mal es "la falta de afecto", destacó la inteligencia del "marero" y dejó entrever una equívoca atracción hacia el sujeto (pues dijo que siempre recordará "esos ojos"). Publicada su foto y recibidos los elogios correspondientes, el líder de la "Mara 18" sentirá que ha alcanzado sus metas y se verá impulsado a continuar la vida del crimen que le ha obsequiado estas satisfacciones públicas. No es de extrañar que haya pandilleros panameños que aspiren a este mismo destaque y estén dispuestos a mostrarse tan bestiales como sus exitosos colegas centroamericanos a fin de lograr un reconocimiento similar.

No sé si los medios en Panamá tienen claro que no se puede jugar siquiera con la idea de hacer de estos seres enfermos protagonistas del acontecer social. Un mandato ético mínimo tiene que ser "cero publicidad" y "cero protagonismo" a los pandilleros autores de crímenes violentos, porque es a través de la difusión de su imagen y de sus "hazañas" en medios masivos de comunicación que estos sujetos se sienten impulsados a aumentar la cuenta de sus fechorías.

Prefiero pensar que aquella intervención fue un exabrupto y que no representa la política editorial del medio en que labora. La intervención de Flor Cogley, periodista de el Panamá América, fue un alivio en este sentido.

Lo mejor fue Monseñor Emiliani, quien denunció los verdaderos males de esta sociedad, que son el capitalismo salvaje y el neoliberalismo insensible. Lo crucial de su intervención fue la insistencia en que en Panamá, no tenemos los mismos problemas que tienen Honduras y El Salvador, y que las autoridades deben dirigir su atención al problema real que aqueja a esta sociedad con métodos no violentos.

Esto es particularmente importante, porque pude percibir una tendencia general a sobredimensionar el papel de la familia y a callar sobre el retiro del Estado. Cuando las escuelas no hacen un esfuerzo efectivo por retener a los chicos en las aulas, o no se presta asistencia a las familias, ni la debida vigilancia y seguridad a las comunidades, se producen efectos desastrosos en una sociedad con enormes niveles de disparidad y en la que una soterrada discriminación agrava las dificultades en la generación de empleos y en la apertura de oportunidades para los jóvenes que intentan cruzar la barrera de la marginalidad.

El fenómeno de las pandillas no es comprensible si no se abordan las muchas formas en que el Estado ha abandonado a la población y ha incumplido sus deberes.
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El Panamá América, Martes 23 de noviembre de 2004

Los equívocos de la "Mano Amiga"

No ha faltado quien ha criticado al gobierno por su proyecto "Mano Amiga", que trata de llevar el teatro y el fútbol a los adolescentes de las comunidades marginales del conglomerado metropolitano, porque lo considera un error en la lucha contra el crimen.

Han sido varias, quizás excesivas, las caricaturas que representan a niños pequeños con armas de fuego o a individuos adultos, con un aspecto que los hace presumiblemente antisociales (por sus tatuajes y vestir desgarbado), que celebran la llegada de la "Mano Amiga" como una ocasión para mantenerse en la impunidad. Así, algunos consideran que se trata de una estrategia equivocada, pues no se puede enfrentar el delito con suavidad, y dicho proyecto no hace más que acariciar con "mano blanda" la delincuencia.

Aunque los anteproyectos de "Mano Dura", propuestos de modo improvisado por el gobierno de Moscoso en los últimos días de su periodo, no hicieron más popular a la cúpula arnulfista, parece que los contenidos de la propuesta gozaron, y probablemente aún gozan, de cierto grado de aceptación entre los diputados perredistas.

Para los que ven el asunto políticamente, que siempre son los menos, se trata de un truco fácil de máximo rendimiento y bajo costo, pues supuestamente mejora los índices de protagonismo y popularidad del político que los plantea, sin tener que hacer otra cosa que agarrar un micrófono y pedir el endurecimiento de la penas contra los adolescentes, y sin tener que preocuparse por estudios de la realidad, medición del impacto real de las medidas propuestas, su sostenibilidad en el tiempo, y todas esas cosas que exigen pensar mucho y con mucha disciplina.

La "Mano dura" no fue una política de Estado, fue solo un truco mediático. Muy poco tiempo había transcurrido luego de la debacle legislativa de las propuestas de Moscoso, cuando el nuevo Ejecutivo presentó el Proyecto "Mano Amiga".

El 20 de septiembre, en un acto celebrado en la Presidencia de la República, y en el que intervino la Directora Ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy, se hizo el lanzamiento oficial del proyecto y también se hicieron claras alusiones a la necesidad de "prevenir" la violencia y el crimen mediante la adopción de programas de apoyo a los adolescentes de comunidades marginales, centrados en la promoción del deporte -en este caso el fútbol- y la educación artística -el teatro fue el género escogido. Varios miles de adolescentes son beneficiados por esta iniciativa, pues tendrán la oportunidad de acceder a estos bienes que de otra manera, les serían vedados.

Digámoslo sin ambages: el practicar un deporte, el participar en una representación teatral, son derechos que las personas tienen y una sociedad medianamente sana no podría cuestionar que el gobierno haga un esfuerzo adicional para procurar que sus niños, niñas y adolescentes en condiciones sociales desventajosas ejerzan estos derechos, que dicho sea de paso están reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por si hiciera falta.

La cuestión que incomoda a algunos consiste en la eficacia de estas actividades en la lucha contra el crimen. ¿Estamos realmente combatiendo la delincuencia con la "Mano Amiga"? La respuesta que se dé a esa pregunta dependerá de la manera como percibamos gestos más simples de nuestra vida cotidiana. Cuando abrazamos a nuestros hijos e hijas en las mañanas antes de que se vayan para la escuela, ¿lo hacemos para impedir que se conviertan en pandilleros y pandilleras? Cuando invertimos en su educación, ¿lo hacemos para evitar que se dediquen a la delincuencia?

En mi caso la respuesta es definitivamente no. Hago estas cosas porque los amo, y amarlos significa aquí que quiero hacer todo lo que puedo para que ellos crezcan y se desarrollen plenamente como personas independientes. Ni siquiera pienso que el derecho internacional público me obliga a ello. Ahora bien, entiendo que haya gente que piense distinto, y que sus afectos tengan otras expresiones, y que es por esa razón que necesitamos la ley, de modo que podamos definir las conductas exigibles y las consecuencias que su ausencia acarrean. No se supone que amemos a nuestros niños, niñas y adolescentes con la finalidad precisa de que no se conviertan en criminales.

El proyecto "Mano Amiga" es sólo un reconocimiento de la deuda pendiente que la sociedad -no el gobierno- tiene con un sector de la población, abandonado a su propia suerte. Lo mejor que le podría pasar a este proyecto sería que, en un futuro cercano, el sector privado lo adoptase en forma oficial, pues muchas organizaciones cívicas y religiosas han trabajado por décadas en actividades similares de menor escala y sin coordinación ni publicidad.

La "Mano Amiga" no busca enfrentarse a los criminales, más bien se propone que cada vez nos enfrentemos a una cantidad menor de actos criminales. No es un instrumento contra un enemigo social, es un sistema de puentes para que cada vez seamos más fuertes y numerosos al momento de responder contra las agresiones de la criminalidad común y organizada. Si la "Mano Dura" se cayó y la "Mano Amiga" no pretende enfrentar el delito, ¿qué nos queda en el combate contra toda esa actividad ilícita diaria que daña o menoscaba nuestras vidas, honra y propiedades?

Nos queda la "Mano Justa" que sólo puede ejercer la recta aplicación de la ley. Debemos aprender a enfrentar el crimen con la justicia, lo que involucra a todo un sistema de instituciones, que dista mucho de funcionar como debiera, y sobre el cual debemos hacer algo pronto. Quizás nos alivie pensar que frente a los exiguos costos de la "Mano Amiga" son superiores los recursos humanos, materiales y financieros, que el Estado dedica a los temas de seguridad y justicia. Quizás no.
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El Panamá América, Martes 7 de diciembre de 2004