Precrimen y minoridad

Una fantasía, de esas a que nos tiene acostumbrado el cine de Hollywood, nos mostró hace dos años que la mejor manera de luchar contra el crimen es impedir que suceda.

En la Washington, DC, del celuloide han logrado reducir el número de homicidios a cero, gracias a una compleja teoría que llaman "precrimen" y que consiste en que una unidad especial de policía se aparece en la escena del delito antes de que este ocurra, guiados por las premoniciones de uno individuos llamados "precogs" y que un equipo de alta tecnología permite visualizar y constituir como pruebas contra los que serían los perpetradores. Que el delito no se haya cometido no es óbice para que el Estado, según el guión cinematográfico, aplique el más severo de los castigos a los criminales que no tuvieron el tiempo suficiente para serlo.

Nadie que vio Minority report (el nombre en inglés se mantuvo en el mundo hispanohablante) pudo imaginar que el actual gobierno trataría de llevar el relato de Philip K. Dick a la realidad. No tienen a los "precogs" (al menos no que se sepa), ni hay nada que se parezca a la tecnología de visualización en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero eso no importa, la filosofía es la misma y la cantidad de incautos que ha sucumbido ante la idea parece ser mayor en su versión arnulfista, pues los que vieron la película de Spielberg sabían que se trataba sólo de eso, de una ficción.

La campaña del precrimen, liderada por la propia Presidenta, ha ganado muchos adeptos fuera de su partido (ya no queda mucha gente dentro), pues su pretensión de reducir la criminalidad a cero ha despertado simpatías entre políticos y legisladores (porque los hay de ambas bancadas, y de este y el próximo período).

Hay radiocomentaristas y periodistas de todos los medios que sienten entusiasmo ante iniciativas tan innovadoras. Y no fallaremos en encontrar hasta distinguidos editorialistas, cuyas convicciones morales los exoneran de argumentar racionalmente.

Es mejor actuar contra los criminales antes de que vayan a cometer un crimen, esa es la consigna. Igual que en la película, hay gente que dice: ¡It works! (¡Sí funciona!).

Así se explica que el Consejo de Gabinete haya vuelto a aprobar y re-enviar a la Asamblea el proyecto de ley que aumenta las penas contra los menores de edad hasta por 20 años y que fue rechazado hace escasas dos semanas por el Pleno Legislativo. La insistencia es en sí un hecho insólito.

El proyecto fue ampliamente consultado en la Comisión legislativa y la mayoría de sus legisladores, incluyendo los afines al gobierno, tuvieron que admitir que no habían razones de peso para aprobar la propuesta, pues el 90% del crimen proviene de personas con cédula, por más que tengan cara de muchachos y les llamemos delincuentes juveniles.

En la comisión legislativa se introdujeron modificaciones al proyecto del Ejecutivo y se redujo la pena máxima de 20 a 10 años. Curiosamente, la mayoría de los legisladores que votó a favor de este proyecto en el primer debate explicó su voto diciendo que no creía que un aumento de penas era la solución.

Un largo segundo debate, que duró más de una semana, hizo patente que el Pleno legislativo tampoco favorecería el proyecto, pues la bancada oficialista se encuentra prácticamente desarticulada a esta alturas del Mireyato.

En el contexto actual, la insistencia del Ejecutivo en que la Asamblea apruebe el mismo proyecto ya rechazado no es más que el desafío que lanza un contrincante perdidoso después de la derrota electoral, pero que piensa que el "gesto de bravura" le hará verse bien ante el público en los minutos finales que preceden a la caída del telón. Con estas motivaciones, el hemiciclo legislativo puede ser la sede de cualquier cosa, incluso la adaptación de una película de Spielberg, menos una discusión seria y fundamentada de una política criminal.

Uno les explica a los legisladores que la inmensa mayoría de los que cometen los delitos ya han cumplido 18 años de edad y que el Código Penal no ha sido un disuasivo eficaz. Pero ellos razonan que estos delincuentes juveniles pasaron en su mayoría por los centros de menores y que han vuelto a delinquir porque los jueces los soltaron muy rápido. Todo mejoraría si aumentáramos las penas, ya que la mayoría de los que van a cometer delitos en el futuro próximo son hoy menores de edad.

Si actuamos con determinación contra ellos ahora para ponerlos fuera de circulación por el mayor tiempo posible, reduciremos la cantidad de crímenes en el futuro. Es la mejor forma de luchar contra los delincuentes. No se trata ya de una pena retributiva, se trata de una medida preventiva, pues al estar el menor de edad guardado por largo tiempo en la cárcel, "ya sabemos que ése no volverá a delinquir", fue la sustentación que esgrimió uno de los legisladores más fanáticos del precrimen durante el segundo debate del fracasado proyecto.

¿Democracia? Nada que ver, esto es un problema de seguridad, dicen. ¿Derechos humanos? No señor, aquí lo que importa son los derechos humanos de las víctimas.

El hecho de que a la clase media, política, profesional, intelectual, le cueste tanto asociar la lucha contra el crimen con las tareas pendientes de la democracia obedece a la profunda desigualdad que caracteriza a la población de este país. Aquí se necesita un gobierno que esté decidido a orientar a su pueblo, a hacer que la gente crezca en convicciones democráticas, no a aprovecharse de su ignorancia para venderle soluciones fáciles y perfectamente inútiles.

Un político que se sirve de los miedos del pueblo para levantar una campaña de popularidad es un ser detestable, y los medios que actúan como caja de resonancia en esta torcida empresa cometen un acto irresponsable.
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El Panamá América, Martes 17 de agosto de 2004