Un atropello contra los derechos de los adolescentes

El proyecto presentado por el legislador Marcos González para aumentar las penas contra los menores de edad se funda en sentimientos de venganza y creará las condiciones para una nueva crisis social en los próximos años.

Se propone bajar la edad de responsabilidad penal de 14 años, límite establecido por la ley 40 de 1999, a 12 años. ¿Cuál es el fundamento de semejante modificación? Ninguno. Los datos presentados por el legislador en la exposición de motivos son prácticamente los mismos que ha difundido el estudio realizado por UNICEF en los últimos meses y no hay allí ninguna información sobre los delitos imputados a la población menor de 14 años de edad.

Al consultar el Boletín anual del Órgano Judicial correspondiente al año 2001, se obtiene que no hubo ningún acto de homicidio en los que siquiera se sospechase la participación de un adolescente que no hubiese cumplido aún los 14 años de edad, y los 15 casos de robo reportados en todo el país que le fueron imputados a estos adolescentes, representan un 0.0029 % de todos los incidentes de ese tipo reportados a las autoridades el año pasado.

El proyecto aumenta la pena máxima de prisión de 5 a 12 años. Esto conlleva la conclusión necesaria de que la privación de libertad iniciada en los centros de resocialización de menores de edad es solo una breve estadía pues la mayor parte de la condena se surtirá en los centros penitenciarios junto a personas adultas.

De esta manera, se da al traste con el trabajo educativo que se realiza en las instituciones especiales, pues de todos es conocida la grave crisis de las cárceles, que no son más que escuelas del crimen. La supuesta creencia en la resocialización de los infractores, expresada en la exposición de motivos de dicho proyecto, es un gesto hipócrita, pues no tiene sustento en las modificaciones propuestas.

Un tercer aspecto, no menos clave, es el relativo al tratamiento de la detención preventiva. Lo que el proyecto propone es volver al internamiento como una medida eficaz de control social, pues elimina del texto de la ley toda alusión al carácter excepcional que debe tener la privación de libertad, ya sea en forma de sanción o de medida cautelar.

El proyecto amplía a año y medio el término máximo de la detención preventiva, lo que quiere decir que el Estado puede ordenar el encierro de personas desde los 12 años de edad y, un año y medio después, decirles que no hay pruebas en su contra (sobreseimiento) o que no se probó su responsabilidad (absolución).

Según un boletín de la Contraloría, en 1999 el 64.4 % de los sindicados recibieron sobreseimiento provisional o definitivo y el 5.2 % fueron absueltos. Como un 12 % se resolvió anticipadamente, solo 18 de cada cien sindicados recibieron una sentencia de condena.

Finalmente, el proyecto tiene el propósito de ampliar la población de menores de edad privados de libertad a niveles exorbitantes mediante institutos propios de la concepción tutelar que tanto daño causó a la niñez alrededor de todo el mundo, pero cuyos amanuenses siguen activos en la redacción cómplice de documentos de este tipo.

Además de aumentar las penas y los topes de la detención preventiva, el proyecto aumenta el número de delitos que admiten prisión y detención preventiva (pues a la lista cerrada que establece la ley 40 añade el delito de lesiones graves) y permite imponer prisión hasta de dos años a los sancionados por los otros delitos cuando incumplan las sanciones socioeducativas que se les impusieron.

Con los cambios propuestos, la población penal de los centros que administra el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, podría quintuplicarse en un breve plazo, sin que las autoridades correspondientes tengan la disponibilidad de recursos para hacer frente a la nueva sobrepoblación.

Esto generará hacinamiento, promiscuidad, violencia, muerte y destrucción en los actuales centros. Pero claro, esto no le preocupa a Marcos González, pues su preocupación son los transportistas y los familiares de los caídos, según dice.

La pregunta que queda en el aire es si la voluntad legislativa será secuestrada por los prejuicios de un grupo particular; si la Presidenta rubricará con su firma este atropello a los derechos de los adolescentes; y si la sociedad civil organizada está dispuesta a aceptar que la prioridad del Estado panameño está en invertir en cárceles para sus jóvenes y no en escuelas.

De convertirse en realidad este proyecto, los panameños de hoy nos convertiremos en la vergüenza de la próxima generación.
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Tiempos del Mundo, Lunes de 2002