De estar en peligro a ser un peligro

Es la delincuencia una consecuencia de la pobreza? Si así fuera, ¿cómo podríamos explicar el hecho cierto de que no todos los adolescentes que viven en una situación de pobreza participan del mundo de la violencia y el pandillerismo? Nadie ha dicho que la pobreza "cause" la delincuencia (decirlo es injusto con la población pobre porque ésta, en su mayoría, no es delincuente, y también lo es con los no pobres que sí lo son).

No existe una sola causa que determine a los individuos a cometer un delito, que es siempre un acto individual y un hecho social al mismo tiempo. Antes que de causas, es más apropiado hablar de factores condicionantes y factores desencadenantes. Los primeros pueden ser externos, si se refieren al entorno social; o internos, si tratan de la personalidad del sujeto que delinque.

Para ilustrar el poder que pueden tener los factores condicionantes, tomemos el ejemplo de las armas de fuego: si una población determinada de repente se encuentra con una gran cantidad de armas a su alcance, habrá una gran cantidad de delitos que se cometerán con armas de fuego, particularmente robos y homicidios. Si entonces las autoridades recogen esas armas y las retiran del alcance de la gente, disminuirán las conductas de robo y homicidio porque se reducirán las que solían cometerse con ayuda de las armas de fuego.

En resumidas cuentas, el hecho de que haya armas de fuego al alcance de la población, condiciona la conducta de la gente. Eso no quiere decir que todo individuo que posea un arma de fuego va a cometer un delito; lo que quiere decir es que en una sociedad el riesgo de que se cometa un delito está en relación proporcional a la disponibilidad de los medios para hacerlo. Pero, ¡cuidado! No es cierto que los pobres sean más delincuentes que la clase media o la clase alta. Lo que ocurre es que las conductas de los distintos grupos son distintas.

El Código Penal tiene un amplio repertorio de conductas ilícitas, algunas de las cuales son mayormente cometidas por unos grupos que otros. También hay delitos de cuello blanco, de empresarios, de altos funcionarios y políticos. Que no haya equidad en la manera como se sancionan las distintas conductas, es un problema que atañe a la Ley; que los pobres estén en menor capacidad de defenderse en los juicios, es un resultado de la administración de los recursos públicos. Lo primero lo llamamos política criminal; lo segundo, acceso a la justicia. Si vemos un poco más allá de las abstracciones de la ley, veremos que, en efecto, hay algunos delitos que suponen un status socioeconómico.

Supongamos que, debido a un súbito incremento en el número de hurtos reportados, el Estado decide aumentar las penas correspondientes a las modalidades de este delito. En principio, se estaría castigando más a los pobres, no porque la mayoría de éstos cometa hurtos, sino porque la mayoría de los hurtos son cometidos por gente pobre.

De igual manera, si un buen día la Asamblea decide castigar con penas severas a los que hacen regatas de modo ilícito, y considerar un agravante que el delito se haya cometido con un carro deportivo o con el motor modificado, entonces, esa ley castigaría especialmente a los individuos de clase media y media alta. Eso no quiere decir que todas las personas de clase media y media alta conduzcan carros deportivos y que anden haciendo regatas ilícitas por todas partes. Eso quiere decir que es altamente probable que una persona que utiliza esos carros en esas actividades sea de clase media o media alta.

Los barrios pobres son pobres, entre otras cosas, porque no tienen una seguridad adecuada. Esto, generalmente, ocurre porque el Estado no ha cumplido con una de sus obligaciones fundamentales: la de proveer seguridad. Hay un círculo vicioso de pobreza e inseguridad: la inseguridad trae pobreza y la pobreza trae inseguridad. Dentro de esta situación, se desarrollan las pandillas, cuyas primeras víctimas son los vecinos; es decir, la gente pobre, particularmente sus niñas, niños y adolescentes. Esto se pierde de vista a menudo porque a los medios les interesa primero los hechos más graves y dramáticos, y las autoridades están acostumbradas a reaccionar ante la opinión pública.

Si uno dice: "En esta comunidad hay un problema porque hay un grupito de chicos que humilla a los demás"; esto a nadie le importa, pero cuando del grupo de niños humillados y abusados sale uno que se une al grupo del vicio, la pandilla, cuyo cabecilla es, por lo general, mayor de 18 años y dicho menor de edad es utilizado por los otros para cometer un asesinato, entonces se sataniza al chico, y las autoridades y medios comienzan a cubrir las huellas de su irresponsabilidad trasladando el problema a las leyes, "porque son blandas", o a los jueces, "porque no imponen sanciones severas".

Pero cuando ese chico menor de edad era una víctima y estaba en camino al delito, a nadie le importó con él y no recibió ninguna ayuda. Javier Urra Portillo, el primer defensor del menor de España, ha denunciado la culpa de las instituciones "que no intervienen cuando el niño está en peligro, sino cuando es un peligro".

Son muchas más las víctimas que a diario dejan las pandillas entre la población adolescente que la que se conjetura o conoce. No hay razón para que las autoridades no intervengan a tiempo. No hay por qué esperar a que se cometa un homicidio. La dignidad y la autoestima de los niños y adolescentes -no sólo la de nuestros hijos, sino la de los hijos de todos- también es un bien valioso que la sociedad y el Estado deben proteger, pues es nuestro mejor seguro contra el delito.
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El Panamá América, Martes 24 de agosto de 2004